SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado que, en efecto, concurren "causas de nulidad" en el convenio firmado en 1997 entre el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y el Club Deportivo San Juan, gracias al cual dicho club gestiona dos complejos deportivos municipales y habría percibido el 90 por ciento de los ingresos de la explotación de las vallas publicitarias. En este dictamen, de tal manera, el Consejo Consultivo informa "favorablemente" sobre la revisión de oficio emprendida por el Consistorio para resolver dicho convenio al haber detectado ya determinadas "causas de nulidad".
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, como se recordará, aprobó en 2011 una propuesta de Alcaldía destinada a la revisión de oficio del convenio suscrito en 1997 con el Club Deportivo San Juan. Mediante este convenio, en concreto, el CMD San Juan fue autorizado "al uso del campo de fútbol, vestuarios, local, sede social, club" y otras instalaciones del complejo deportivo Primero de Mayo, así como a la explotación del campo de fútbol, los vestuarios y el ambigú del recinto deportivo de la barriada de Virgen de Loreto.
ACUERDO PLENARIO Y AVISOS DEL PP
Aunque dicho convenio de 1997 respondía a un acuerdo plenario aprobado previamente por unanimidad de todas las fuerzas políticas, la propuesta de Alcaldía aprobada en 2011 por el pleno del Consistorio partía de posibles "causas de nulidad" en este texto. El Grupo popular del Ayuntamiento, en este contexto, había reclamado en numerosas ocasiones la derogación de este convenio al ser supuestamente lesivo para los intereses generales y contener "privilegios" para este club presidido por "un cargo de confianza" del PSOE y responsable del área de Mantenimiento del Consistorio.
Maria Luisa de Moya, la portavoz popular, había avisado ya de que gracias a este convenio, "el 90 por ciento" de los ingresos cosechados por la explotación de las vallas publicitarias instaladas en el municipio recae en el Club Deportivo Municipal San Juan.
EL CONSULTIVO CONFIRMA LAS "CAUSAS DE NULIDAD"
De cualquier modo, el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía sobre la revisión de oficio de este convenio informa "favorablemente" sobre la iniciativa al detectar "causas de nulidad" en el contenido del convenio. Según el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, emitido el pasado 9 de octubre y recogido por Europa Press, mediaría una "causa de nulidad" al haber "prescindido" el Ayuntamiento de la licitación pública correspondiente a un caso en el que interviene "el uso del dominio público", toda vez que también supondría una "causa de nulidad" la "autorización no motivada" de la gestión de estas instalaciones públicas al cosechar el club "los ingresos de la publicidad en un 90 por ciento", extremo que contradice el orden jurídico que rige el aprovechamiento del dominio público.
El asunto había sido elevado a la Fiscalía por el Gobierno municipal socialista y el Grupo popular, aunque el Ministerio Público archivó las actuaciones.
Maria Luisa de Moya, la portavoz popular, había avisado ya de que gracias a este convenio, "el 90 por ciento" de los ingresos cosechados por la explotación de las vallas publicitarias instaladas en el municipio recae en el Club Deportivo Municipal San Juan.
EL CONSULTIVO CONFIRMA LAS "CAUSAS DE NULIDAD"
De cualquier modo, el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía sobre la revisión de oficio de este convenio informa "favorablemente" sobre la iniciativa al detectar "causas de nulidad" en el contenido del convenio. Según el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, emitido el pasado 9 de octubre y recogido por Europa Press, mediaría una "causa de nulidad" al haber "prescindido" el Ayuntamiento de la licitación pública correspondiente a un caso en el que interviene "el uso del dominio público", toda vez que también supondría una "causa de nulidad" la "autorización no motivada" de la gestión de estas instalaciones públicas al cosechar el club "los ingresos de la publicidad en un 90 por ciento", extremo que contradice el orden jurídico que rige el aprovechamiento del dominio público.
El asunto había sido elevado a la Fiscalía por el Gobierno municipal socialista y el Grupo popular, aunque el Ministerio Público archivó las actuaciones.
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